Wednesday, July 13, 2011

Justicia civil para los militares mexicanos. Un paso adelante en la lucha contra la impunidad.

 Nota de la BCC (Mundo) - mas extensa y detallada que la versión "global" que referimos anteriormente- sobre reciente decisión de la Suprema  Corte de Justicia de México  (hemos añadido algunos hyperlinks y fotos  para información de contexto y algo mas de info sobre  el trabajo de organizaciones mexicanas y estadounidenses sobre el tema).
Resulta  interesante que una decisión provocada por  los abusos del Estado mexicano durante la guerra sucia de los setenta tenga plena vigencia en la actual "guerra al narco" en la que se ha embarcado la administración del Presidente Calderón.



Tribunales civiles juzgarán abusos a derechos humanos de militares

Los militares que cometan violaciones a derechos humanos en México deben ser juzgados en tribunales civiles, y no en cortes militares como ocurre hasta ahora, según estableció en un fallo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Organizaciones civiles consideran esta decisión como fundamental para el país, donde la guerra contra y entre carteles de narcotráfico provoca la ola de violencia más fuerte desde 1930.

Los militares son el eje de la estrategia del gobierno mexicano en esta batalla, que ha causado la muerte a más de 35.000 personas en casi cinco años según cifras oficiales.
Desde 2006 la independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 5.000 quejas por abusos cometidos por las fuerzas armadas, pero sólo 79 derivaron en recomendación de sanciones. Todas fueron admitidas por el Ejército y la Marina.


Con la decisión de la SCJN, en el futuro todos estos casos serán atendidos en tribunales civiles.
Así, habrá más transparencia en la actuación de soldados y marinos, le dice a BBC Mundo Jaqueline Sáenz, coordinadora de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
"Se abren puertas y ventanas de oportunidad. La situación de hace dos años ha cambiado, celebramos que la Corte haya decidido pronunciarse por lo que le era inherente", explica.

Constitución y derechos humanos

El proceso para restringir el fuero militar inició desde 2010, cuando la SCJN empezó a analizar cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el estado mexicano.
Los casos se refieren a la desaparición del músico Rosendo Radilla, la violación y tortura de Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como la tortura y detención arbitraria de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de Guerrero que defendían sus bosques contra bandas de taladores.
La CoIDH sentenció a México a restringir las leyes que obligan a los miembros de fuerzas armadas a ser juzgados en sus propios tribunales, lo que se conoce como fuero militar.
Los ministros de la Corte discutieron durante varios meses el tema, sin llegar a conclusión alguna.

 Dos Caras

El problema fue que, desde hace decadas, Mexico ha firmado acuerdos y protocolos internacionales en proteccion de derechos humanos, e incluso acepto diplomaticamente las decisiones de organismos y cortes que les amparan

Pero no lo tradujo a sus leyes internas, que mantenían la prohibición de aceptar decisiones ajenas a tribunales mexicanos.

La situación cambió en junio pasado cuando se promulgó una reforma a la Constitución para establecer, en su primer artículo, la obligación del estado mexicano a promover y proteger los derechos humanos.
La enmienda también dice que México cumplirá con los acuerdos y sentencias emitidas por tribunales internacionales, con los que el país haya firmado acuerdos.
Con este nuevo escenario los ministros de la SCJN aceptaron las sentencias de la CoIDH, y ordenaron a todos los jueces mexicanos a aceptar los casos de abusos de derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas armadas.
La decisión obliga también a las cortes militares a entregar estos casos a la Procuraduría General de la República, o la instancia civil que le corresponda, explica la abogada del Centro Pro.

"Buena noticia"

Especialistas y organismos pro derechos humanos dicen que la decisión de la SCJN podría ser un paso para erradicar abusos de militares en la lucha contra el narcotráfico.
Jaqueline Sáenz recuerda algunos casos en que soldados dispararon sin motivo contra civiles, y después trataron de inculpar a las víctimas con el argumento de que murieron en enfrentamientos contra delincuentes. 
"Debería ser un apoyo para la estrategia del gobierno, con miras de que sea mucho más clara y pertinente la presencia del ejército. Si ya estamos en éstas, que cuando menos sean juzgados en cortes civiles" Jose Luis Caballero, Universidad Iberoamericana
Un caso emblemático es el de dos estudiantes universitarios de Monterrey, Nuevo León, al noreste del país, quienes murieron afuera de su escuela durante un intercambio de disparos entre militares y presuntos integrantes de un cartel de delincuencia organizada.

Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del TEC de Monterrey, muertos por disparos del Ejecrito Mexicano el 19 de marzo  2010 e inicialmente presentados por las autoridades como miembros de grupo armado .
Los soldados escondieron las identificaciones de las víctimas y les colocaron fusiles de asalto al lado para aparentar que eran sicarios, según documentó la CNDH.
Algo que tal vez empiece a corregirse tras la sentencia de la Suprema Corte.
"Es una muy buena noticia, no pensé que iba a llegar a tanto", le dice a BBC Mundo José Luis Caballero, profesor de la Universidad Iberoamericana.
"Debería ser un apoyo para la estrategia del gobierno, con miras de que sea mucho más clara y pertinente la presencia del ejército. Si ya estamos en éstas, que cuando menos sean juzgados en cortes civiles", concluye.

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